Para leer en el micro: BANZAAAAAAAAAAAY / El Milagro de San Martín


Para darle un poco más de variedad a este humilde espacio, he decidido refrescarlo con algunas crónicas y escritos que, sobrio o no, realice a lo largo de mis horas forzadas a llamarse libres. Aquí les dejo un pequeño texto que hice para mi clase de periodismo (como si eso pudiera enseñarse en un aula de clases) que trata, muy a mi estilo, el tan mentado tema de la sentencia a Fujimori. Ojalá les guste, paradero baja.




Para el efervescente fujimorato, una condena de perros hecha por gatos para las ratas; para los deudos de Barrios Altos y la Cantuta, todo un milagro de Semana Santa propia del magistrado de nombre santo: César San Martín. La sentencia condenatoria de 25 años de prisión efectiva al ex presidente Alberto Fujimori por cargos de secuestro agravado, asesinato de autoría mediata y lesiones graves, así como la millonaria reparación civil impuesta al condenado, marca un hito en la historia política de los países latinoamericanos al ser el primer proceso abierto a un ex presidente en su propio país por atentados contra los derechos humanos. En palabras del propio ex presidente Toledo, “es una lección para el mundo y una advertencia para todos los mandatarios que transgredan la democracia creyendo estar por encima de la ley”.

El 7 de abril del 2009 será recordado como el día en que la justicia peruana se interpuso a la autocracia y se alzó con el triunfo de los derechos humanos. Ahora, dos polos opuestos se contraponen: sentimientos encontrados de quienes, seguidores de un caudillo paternalista, consideran este fallo como una auténtica cachetada traicionera por parte del país a su propio salvador y de otros que, por su parte, encontraron la paz y la justicia anhelada por más de 20 años de denuncias, vigilias y fotos en sepia de hijos y esposos colgando inexpresivos de cuellos cansados. Este es el recuento de una culpabilidad anunciada, mas no por eso, menos digna de escrutar.

¡QUE VENGA LA SENTENCIA!

“El tribunal ha llegado a una certeza razonable sobre los cuatro hechos (Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y de Samuel Dyer) y declara que los cuatro cargos están probados más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia es condenatoria”. Con estas palabras, César San Martín, presidente de la Sala Penal especial de la Corte Suprema, dio la estocada final al procesado antes de iniciar la parte final de la talla.

Ciento sesenta audiencias, dieciséis largos meses, cerca de once mil quinientas veinte horas de juicio, víctimas y testigos parecen pasarle la factura al chino. Los ojos serenos, idos y cansados del dios naranja de la honradez, la tecnología y el trabajo se cierran inciertos dejando atrás al enérgico yakuza que inició su batalla al grito de “¡Soy inocente!”. Ante un mar de flashes de la prensa mundial que aguarda por un gesto de quiebre, Alberto Kenya (“el segundo”) Fujimori Fujimori sonríe a las cámaras para mostrarse incólumne: nada parará el pegajoso ‘ritmo del chino’, el cual intenta subir su volumen en las afueras de la Diroes ante los gritos de “asesino” de la propia CTP (Central de Trabajadores del Perú), apristones de corazón que, al encontrarse con los fujimoristas que han tomado las calles, arremeten contra ellos para que jamás vuelva a “disolverse” la democracia. La policía impone orden para evitar derramamientos de sangre roja y “naranja”.

Dentro de la sede judicial es otro el ambiente, tras casi dos horas y media de lectura a una sentencia de 711 páginas teñidas de sangre por todas y cada una de las víctimas disueltas en cal por un nada clemente Grupo Colina, la bancada fujimorista recibe el más grande golpe de su joven historia: 25 años de condena para su máximo líder y el pago de una reparación civil, a título personal, de más de ochenta millones de soles entre todas las víctimas de los excesos de la lucha antisubversiva (si contamos el interés legal desde la fecha en que se produjo cada uno de los daños, la suma dineraria alcanza cifras exorbitantes). Consultado al respecto, el destacado periodista Nicolás Lúcar no oculta su desconcierto al decir: “Estamos hablando de las indemnizaciones y reparaciones civiles más altas en toda la historia de los procesos anticorrupción en la historia de nuestro país. El proceso, aún no concluso, está establecido para que este hombre (Fujimori), se muera en la cárcel si tomamos en cuenta los prolongados lapsos de tiempo entre apelaciones y nuevos giros en el caso. Tan solo le falta volverse loco al pobre hombre”.

PARÁLISIS NACIONAL

Desde el inicio del juicio oral al ex presidente Alberto Fujimori el 10 de diciembre del año 2007, el proceso, calificado de “impecable” por muchos como Carlos Rivera Paz (Abogado del Instituto de Defensa Legal) y de “ímprobo” por otros, fujimoristas de corazón, como Carlos Raffo, se ha logrado probar la vinculación del acusado con todos y cada uno de los delitos que se le imputaron.

A lo largo del litigio entre el Estado Peruano y el dictador, las audiencias se vieron alargadas por la sensible presión arterial de éste último, así como el canceroma (cáncer menor) que le fue detectado en la lengua en junio del año pasado y que ameritó una operación quirúrgica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Este y otros agravantes prolongaron en demasía el esclarecimiento de los hechos.

Por la parte acusadora, más de 25 mil folios tuvieron que ser minuciosamente analizados por el Supremo Fiscal Avelino Guillén para elaborar las 247 pruebas de culpabilidad para la otrora cabeza del fenecido “Perú 2000”. La homérica tarea le valió a Guillén un lugar en la lista de los 100 personajes más notables del año 2008. Y no era para menos, el encarcelamiento de Fujimori escribió un nuevo capítulo en nuestra historia republicana que había sido exclusividad de Augusto B. Leguía y su proceso por atropellos contra los derechos humanos en el Tribunal de Sanción Nacional (1930).

Los llamados crímenes de Barrios Altos, la masacre de quince personas, incluyendo a un niño de ocho años, por parte del grupo armado Colina, dirigido por el propio Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos; La Cantuta, el asesinato y desaparición de nueve estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle en manos del mismo grupo armado; y los secuestros en el sótano del SIE del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer son los tres pilares de este, bien llamado, “juicio del siglo”.

Hasta este trascendental acontecimiento, setenta y siete jefes de Estado en toda la historia habían comparecido ante una corte de justicia, siendo condenado a prisión solo el 17 por ciento de los mandatarios. Gracias a la autonomía, pocas veces vista, de nuestro Poder Judicial, hoy son sesenta y ocho.

¿Y AHORA QUÈ?

Luis Antonio León Borja, Máximo León León, Placentina Marcela Chumipuma Aguirre, Odar Mender Sifuentes Núñez y Benedicta Yanque Churo son solo algunas de las vidas apagadas para siempre cuyos nombres en la lista de homicidios calificados con alevosía y atribuidos a Fujimori, quien, según el fallo del juez San Martín, deberá permanecer en prisión hasta el diez de febrero del 2032, fecha incierta y una explícita condena a una muerte lenta y vergonzosa.

“Homicidio calificado” es el delito común tipificado en la sentencia original, hecho que deja de lado la categoría más exacta asignable este proceso: la de genocidio. Ante esto, las posibilidades de una amnistía, beneficios penitenciaros o un indulto son más plausibles para agravantes de este tipo. Carlos Rivera, representante legal de la parte civil, lamentó el hecho de que el encarcelamiento del presidente Fujimori se cumpla, et praxis, en la mitad del tiempo señalado por la extensa sentencia.

Una posible nulidad a esta condena aparentemente incuestionable no es descartada por el secretario general del PPC y congresista Raúl Castro Stagnaro quien, desde una columna de opinión en Peru21 publicada el mismo día de la condena, señala: “Como no hemos conocido el texto íntegro de la sentencia, no sabemos cuáles fundamentos que llevan a la corte a establecer que las víctimas de La Cantuta y de Barrios Altos no eran terroristas o miembros de Sendero Luminoso (…). Este tema podría ser utilizado a favor de la defensa si no hay una fundamentación adecuada. En todo caso, es un aspecto auxiliar de la sentencia (…), pero podría haber una nulidad parcial del fallo”.

El penalista Luis Lamas Puccio, presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) es menos optimista en este sentido y nos presenta una serie de factores que podrían poner trabas en el recurso de nulidad, interpuesto, casi como un acto reflejo, por el condenado y su defensor César Nakazaki.

“No podemos olvidar que Alerto Fujimori está procesado por el delito de secuestro. Para obtener beneficios bajo esta premisa, las exigencias son más rigurosas en términos, por ejemplo, de cinco días de trabajo forzado a cambio de un día de libertad. Si tomamos en cuenta la resolución emitida el año 2005 por el Tribunal Constitucional, el solo hecho que haya sido declarado culpable por un secuestro, limita sus beneficios tremendamente”, sentencia el entendido en leyes, escéptico ante el hecho de que la justicia peruana de marcha atrás en su intento por soterrar definitivamente el estribillo fujimorista “Pronto el chino está muy cerca. De todo nos acusaron, nada pudieron probar”

En cuanto al risible argumento del congresista Carlos Raffo (fujimorista hasta la médula) que afirma que la condena al ‘chino’ es la forma en que el PJ da la victoria al terrorismo y al propio Abimael Guzmán, Lamas Puccio es más que enérgico y afirma: “No tiene ningún asidero legal lo que dice este señor (Raffo), lo que dice son opiniones que tratan de llegar a la opinión pública para darle un sentido a la victimización de Fujimori y consolidar, de esta manera, el proyecto político del fujimorismo. Que no olviden los seguidores del procesado que aún faltan esclarecer dos o tres querellas legales más. Por otro lado, la apelación interpuesta requiere un dictamen fiscal cuyo sometimiento a voto demorará unos cuatro o cinco meses más”.

El primero de estos procesos mencionados por el abogado, próximo a iniciarse en mayo entrante, comprende la sanción por el pago ilegal de 15 millones de dólares por parte de Fujimori a su ex asesor y jefe virtual del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, por casos de corrupción. La muerte política del líder nipón parece se cierne indefectiblemente sobre sus más efervescentes defensores, cuyas pomposas manifestaciones seguirán infestando las calles con la única esperanza de un indulto presidencial en manos de una amenazadoramente carismática Keiko Sofía.

Recientemente, el nombramiento del magistrado lambayecano Duberlí Rodríguez Tineo como titular de la segunda instancia que evaluará la “condena del sigloe” es el nuevo viso en esta apelación que pretende llevar la defensa de Fujimori hasta las últimas consecuencias. Esta situación es un nuevo baldazo de agua fría para el fujimorato, dadas las vinculaciones que el vocal sostuvo con grupos de extrema izquierda y con el actual premier Yehude Simon, acusado de emerretista en todas las formas posibles por los felices militantes bailarines del renovado “Fuerza 2011”.

Mientras Keiko Sofía Fujimori niega ante la prensa internacional el haber tenido contacto con el presidente Alan García para pedir que indulte a su progenitor y su tío Santiago Fujimori arremete contra San Martín revelando su pasado como asesor del ex mandatario y autor de un garrafal proyecto de ley antiterrorista, se cierra un capítulo de nuestra historia que recalca la independencia y eficiencia de nuestro sistema judicial sin apoyo del extranjero.

Lejos de rivalidades políticas y lágrimas fujimoristas, ha llegado la hora de aceptar que en el Perú, la banda presidencial ha dejado de ser un chaleco antibalas y un limpiador de conciencias. La sentencia condenatoria a Alberto Fujimori es la prueba latente de que nadie, absolutamente nadie, puede escapar de lo que Yehude Simon llama inteligentemente “las reglas del juego de la democracia”.

NUESTRO LADRÓN FAVORITO / LA OPINIÒN DEL AUTOR


Al cierre del presente informe, el abogado César Nakazaki ha decidido apagar indefinidamente el celular por el que antes aceptara indefensas entrevistas con este servidor en busca de ‘pepitas (periodísticas) de oro’ en el caso de Magaly Medina (antes manejado por el abogado). No es para menos, las derrotas son siempre amargas y sé que su cliente estrella, preso aún en la Diroes, siente a solas el peso de la justicia de la que antes se riera, una paradoja tan letal que borra por completo toda sonrisa apacible de falsa entereza que haya podido esbozar el siempre aclamado ‘chino’ a lo largo de su “juicio del siglo”.

Sé que cualquier editor periodístico, o siendo más realistas, cualquier peruano promedio, consideraría agobiante y poco menos que un refrito el hablar de la trascendencia de esta condena. Lo que sí tenemos que dejar en claro, es que el gran ganador de esta condena a Fujimori es la democracia. Una democracia (valga la repetición del término hasta la saciedad) que el hombre del “cambio 90” pretendió adormecer acostumbrando a nuestro pueblo sufrido a comer de la mano. El mérito del ex presidente en su lucha contra el terrorismo es evidente y sería mezquino el menospreciar su triunfo en la guerra civil más cruenta que ha soportado el Perú.
Sin embargo, ni la más rimbombante victoria puede borrar las lágrimas y el dolor de quienes sucumbieron (y sobrevivieron) a un fuego cruzado en el que inocentes pagaron junto a pecadores para tranquilizar a la población y hacerle creer a esta que se asesinaban ‘más terrucos’.

Cada acción de las fuerzas armadas (justa o no) fue aprobada y conocida por el entonces presidente Fujimori, eso es absolutamente innegable y la premisa definitiva que tira abajo todo argumento ardido y dogmático de los adeptos del naranja chillón. Con esta sentencia, estamos listos para sentar en el banquillo del acusado a todo aquel que ose pisotear los derechos humanos. La banda presidencial no puede ser nunca más la garantía de la impunidad y de la omnipotencia en un país que ya aprendió a decir “basta”. La sentencia a Fujimori es justa solo por el hecho de haber demostrado, demoliendo todo cuestionamiento o margen de error posible, la culpabilidad del acusado y su participación activa en todas y cada una de los asesinatos perpetrados en pro de la endiosada “lucha antiterrorista”.

Si la heredera política de Alberto Fujimori alcanza el sillón presidencial, me atrevo a decir que la “pulverización institucional”, el robo, el asesinato, la compra de medios de comunicación, las cortinas de humo prefabricadas volverán a dopar nuestra joven democracia.

El llevar a la calidad de “martir” al mentor del fujimorismo no puede ser el inicio de una estrategia política sana, eso desde ya desacredita a la bonachona Keiko cuyos estudios fueron pagados centavo a centavo por mi padre y los padres de todos mis compañeros de clase. Me la debe, señora Sofía, no volvamos a convertir el país en una feria de tiro al blanco de campesinos sin derecho a voz ni voto.

En el 2011 será el primer sufragio de toda mi vida de ciudadano y me da escalofríos el solo pensar que tendré que hacerlo “con el hígado” o “en contra del otro candidato”. Ya nadie en el Perú vota por convicción, sino por el que menos daño nos haga. Sin ser pesimistas, cierro el presente informe con la convicción de que no podemos seguir perdonando a “nuestro ladrón favorito”, al Robin Hood que robe el dinero ahorrado honestamente durante toda una vida de trabajo a mi ahora jubilado abuelo y a la próxima amenaza que pretenda volver a socavar la democracia en un Perú que ha demostrado, con este caso, que no olvida fácilmente y que no teme a condenar a sus líderes, por más carritos sangucheros y cocinas portátiles que le hayan regalado en busca de votos ignorantes. Amén, San Martín. Amén, democracia.

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